Líderes empresariales impulsan reforma migratoria ante problemas de contratación por redadas y deportaciones Le piden a Trump y al Congreso que tomen en cuenta el impacto de perder a inmigrantes que contribuyen a la economía. “¿De dónde vamos a sacar suficientes trabajadores?”, dice un empresario.
Cientos de empleadores, unidos con cámaras de comercio locales y nacionales y con organizaciones industriales, están preparando una campaña para pedirle al Gobierno de Donald Trump y al Congreso que ahora que se han desplomado los cruces fronterizos se centren en ofrecer vías legales para no perder a trabajadores esenciales con diversos estatus migratorios en el país.
“Le aplaudimos al presidente Trump que haya logrado resguardar la frontera, y queremos decirle a él y al Congreso que entonces ahora es momento de resguardar a la mano de obra en Estados Unidos”, dijo este miércoles Rebecca Shi, directora ejecutiva del grupo American Business Immigration Coalition.
Ésta es una coalición bipartidista compuesta por más de 1,700 empresarios y directivos. La meta es “reducir la inflación que enfrenta la gente de a pie en Estados Unidos y crear oportunidades económicas, y creemos que eso se puede hacer si proveemos vías de regularización migratoria para personas que llevan años aquí pagando impuestos y emprendiendo, ya sean dreamers,
trabajadores agrícolas, trabajadores esenciales” de diferentes industrias como la construcción, hospitalidad y más, dijo Shi. “Con ello se permite que los empleadores sigan teniendo acceso estable y confiable a mayores redes de gente talentosa y capacitada en diferentes sectores para que el país sea globalmente competitivo”, agregó.
Con la campaña que están lanzando, llamada Secure America’s Workforce, los directivos prevén viajar a Washington D.C. para reunirse con congresistas a finales de este mes y exhortarles a retomar proyectos de reforma migratoria.Entre los integrantes de la campaña hay empresarios republicanos como Bob Worsley, antes senador estatal por Arizona que ahora dirige empresas de construcción,
bienes raíces y energía, así como Massey Villarreal, dueño de una compañía de tecnología e informática en Houston que antes presidía la asociación empresarial de Texas.Worsley señaló que en las últimas semanas sus compañías han tenido problemas para contratar a personas capacitadas porque entre ellas hay latinos que ahora tienen miedo de que se atente en su contra, y dice que eso contraviene la posible prosperidad económica del país.
“Trump ha dado a entender que una de las razones detrás de sus aranceles a México y Canadá es que quiere que se produzca más dentro de Estados Unidos, pero ¿de dónde vamos a sacar a suficientes trabajadores con experiencia en fábricas si se cree que hay un ambiente hostil o se cierran vías de inmigración legal?”,
comentó el empresario.Los emprendedores y líderes comerciales detrás de la campaña destacan que los datos de diferentes industrias dan cuenta de que las personas de orígenes latinos en Estados Unidos, entre ellos personas indocumentadas o familias con estatus migratorio mixto, son un importantísimo motor económico.
Por ejemplo, hay análisis de grupos de investigación que indican que la producción económica de la gente latina en el país equivaldría, si fueran una nación aparte, al PIB de potencias como Alemania. Por ello los encargados de Secure America’s Workforce argumentan que acrecentar las redadas y deportaciones,
sobre todo si hay la posibilidad de que queden enredados en ellas personas con estatus legal, sería contraproducente para la economía. Worsley indicó que “para tener buenas políticas migratorias no debemos ignorar los hechos y lo que nos dicen los números”.
Los integrantes de la campaña están pidiendo que se retomen proyectos legislativos bipartidistas como la llamada ley dignidad —propuesta desde 2023 por las representantes María Elvira Salazar, republicana por Florida, y Verónica Escobar,
demócrata por Texas— o la ley para modernizar el sector agrícola, que es apoyada por representantes tanto demócratas como republicanos de California, Texas, Nueva York, Idaho y Washington. La propuesta de ley dignidad, por ejemplo, prevé programas con plazo de cinco o siete años con los que inmigrantes sin estatus legal puedan regularizarse para poder. “salir de las sombras” y “ayudar a llenar miles de vacantes laborales”.
Sin embargo, ese proyecto está atorado desde finales del año pasado en subcomisiones de la Cámara Baja.Andy Johnston, vicepresidente para estrategias de la cámara de comercio de Grand Rapids, Michigan, es otro de los líderes empresariales detrás de Secure America’s Workforce.
Señaló que el presidente dijo el martes en su mensaje a la nación ante el Congreso varias veces que las políticas públicas de su Administración buscan tener sentido común, y que eso debe verse también en cuanto a iniciativas migratorias,
con temas como reducir los retrasos de casos pendientes de visados o green cards. En esta materia “tenemos leyes que no han sido actualizadas ni reformadas desde antes de que existe el internet. Es momento de hacerlo para resguardar nuestra seguridad económica además de nuestras fronteras”, indicó Johnston.
