Trump sufre ola de derrotas legales por medidas migratorias y despidos masivos…pero se rehúsa a cumplir Jueces y demandantes en una serie de casos en los que el Gobierno ha sufrido reveses denuncian que la Administración republicana está esquivando la ley para no cumplir.
El Gobierno de Donald Trump sufrió esta semana varios reveses legales en su esfuerzo por reducir drásticamente el tamaño del Gobierno, mientras los demandantes en algunos casos le acusan de tratar de eludir las órdenes judiciales. Un juez federal de California consideró que un memorando de la Oficina de Gestión de.
Personal que ordenaba el despido de miles de empleados en período de prueba era ilegal y debía anularse, mientras otro juez de Washington, D.C., ordenó restablecer la ayuda exterior que debió desembolsarse hace semanas. Los demandantes —y el juez— en el caso de la ayuda exterior han acusado al Gobierno de obstruccionismo constante; mientras los demandantes en los casos relacionados con la suspensión de la financiación del programa de refugiados denunciaron que la Administración no está cumpliendo con las órdenes judiciales.
Repasamos la ola de reveses jurídicos del Gobierno republicano: “Ilegales” despidos masivos de trabajadores Un juez federal de California ordenó el jueves a la Oficina de Gestión de Personal que anulara un memorando del 20 de enero y un correo electrónico interno del 14 de febrero en los que ordenaba a las agencias que se deshicieran de los empleados en período de prueba.
Las instrucciones son “ilegales” y “deben detenerse y rescindirse”, afirmó el juez William Alsup. “La Oficina de Gestión de Personal no tiene autoridad bajo ningún estatuto en la historia del universo, para contratar y despedir a los empleados dentro de otra agencia”, determinó el juez. “Sí puede contratar a sus propios empleados. Puede despedirlos.
Pero no puede ordenar u orientar a otra agencia a hacerlo”, dijo Alsup.Su sentencia no reincorpora a los miles de empleados que ya fueron despedidos, pero se adelanta a los futuros despidos en el Departamento de Defensa de empleados en período de prueba, la mayoría con menos de dos años de antigüedad.
“Muerte, pobreza, enfermedad y despilfarro” martes, un juez federal de D.C. le ordenó por tercera vez al Gobierno cumplir su orden del 13 de febrero de bloquear la suspensión general de la ayuda exterior del Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El magistrado, frustrado, fue más allá y ordenó liberar los fondos antes de la medianoche del miércoles, después de que un abogado del Departamento de Justicia no supo decirle qué medidas se han tomado para cumplir su orden.
Al día siguiente, el Gobierno declaró por primera vez en un escrito que tardaría “semanas” en descongelar el dinero, y recurrió ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. para que suspendiera el plazo; dicha corte rechazó la petición y la Administración recurrió al Tribunal Supremo donde el presidente, John Roberts, emitió una suspensión. El viernes, los demandantes pidieron a la Corte Suprema que rechazara la apelación y dijeron que el Gobierno acudió al tribunal “con una emergencia de su propia creación”.
En las presentaciones judiciales, el Gobierno argumentó que está cumpliendo con la orden porque las 12,000 subvenciones y adjudicaciones se han sometido desde entonces a revisiones individuales y el secretario de Estado, Marco Rubio, “ha tomado una decisión final con respecto a cada una, de forma individualizada, optando afirmativamente por mantener la ayuda o rescindirla”.
Según la demanda, se han cancelado más de 10,000 ayudas. Los demandantes alegan que se trata de resoluciones ilegales y que los retrasos han sido catastróficos. “No hay duda de que las acciones de los demandados han provocado muerte, empobrecimiento, enfermedad y despilfarro” en todo el mundo, escribieron, y “no se ocupan de los miles de puestos de trabajo de estadounidenses —y contando— que se han perdido como resultado directo de la paralización de fondos”.
“Artimañas” para impedir admisión de refugiados Un juez federal de Seattle bloqueó el martes la orden ejecutiva de Trump que pausaba el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, coincidiendo con los argumentos de los demandantes de que la medida probablemente excede la autoridad del mandatario.“El presidente tiene una discreción sustancial para suspender las admisiones de refugiados, pero esa autoridad no es ilimitada”, declaró el juez de distrito Jamal Whitehead.
“No puede ignorar el minucioso marco del Congreso para las admisiones de refugiados y los límites que impone a la capacidad del presidente para suspenderlas”. Whitehead indicó que en los próximos días emitiría una decisión por escrito, y el jueves, los grupos de ayuda que demandaron señalaron que la Administración está tratando de eludir su inminente decisión al rescindir formalmente sus contratos de asistencia a refugiados.
Solicitaron una audiencia de emergencia para “garantizar que no se permita a los demandados eludir el fallo de este tribunal y la próxima orden escrita con artimañas destinadas a confundir el estado de la causa”.
